Siguiendo la construcción de la Ciudad Emprendedora, vale mencionar lo conveniente que sería para acelerar el crecimiento económico de las localidades, crear una oficina única de enlace con las empresas, es decir, instaurar un “Ombudsman Empresarial”. Las empresas privadas generalmente odian la burocracia y, fácilmente, pueden terminar frustradas y desilusionadas en sus intentos, por llevar a cabo un concepto de desarrollo. Es importante ofrecer un personal profesional, preparado y responsable para que asista a los inversionistas potenciales y a las empresas. Para brindar asistencia al sector privado y forjarse la reputación de una ciudad propicia a los negocios, es esencial contar con un instructivo útil de los programas de financiamiento existentes para el desarrollo económico. También transciende en la cimentación de la Ciudad Emprendedora, impulsar el desarrollo empresarial y la competitividad, como los pilares fundamentales del desarrollo económico de las ciudades.
Históricamente, la mayor parte de los recursos del sector público, se ha concentrado en satisfacer las necesidades de los ciudadanos más pobres de las localidades, a través de programas de bienestar social; pero, se olvida, que lo más oportuno es crear empleos y oportunidades de negocios para sus residentes. Aunque el gasto público dirigido a servicios sociales es, por lo general significativo, el crecimiento económico de largo plazo en las ciudades, sólo se generará partiendo de una base empresarial sólida. Hay que precisar, que los Alcaldes y otros líderes del ámbito local, deben incorporar a sus estrategias, una visión de las ciudades como ubicaciones empresariales, donde las empresas puedan satisfacer la demanda insatisfecha de los consumidores locales, aprovechar la cercanía a la infraestructura pública y los centros económicos, utilizar productivamente la fuerza laboral disponible, y encontrar maneras de vincularse a la economía regional y nacional.
Cada municipio regula la actividad empresarial para proteger la salud, seguridad y bienestar de vida de sus ciudadanos. La mayoría de las regulaciones son útiles pero, a veces, un municipio puede deprimir su crecimiento económico por la regulación excesiva. Los Alcaldes siempre deben revisar las regulaciones existentes para determinar si, realmente, son necesarias y si se crearían puestos de trabajo, cambiándolas o eliminándolas. Además, la lucha debe centrarse en contra de la regulación innecesaria, reduciendo las cuotas de funcionamiento de las empresas pequeñas y simplificando los trámites que deben realizar las compañías, para obtener nuevos permisos.
De manera puntual, es bueno precisar que los Alcaldes deben realizar un análisis exhaustivo, de todas las leyes y políticas vigentes en su municipio –desde los permisos, hasta la tributación, pasando por la zonificación- e identificar aquellas que crean obstáculos innecesarios, para la iniciativa empresarial. La filosofía operativa es, que cada Ley o política, debe tener una justificación legítima concernientes a aspectos de salud, seguridad o cualquier otro aspecto social. Es necesario evitar, modificar o suspender las regulaciones innecesarias o excesivas. Los monopolios tienen que controlarse. Y los impuestos a pequeñas empresas, no deben ser fuente de ingresos generales, sino calibrados, según los costos reales de la regulación. Es insoslayable que los Alcaldes se conviertan en defensores efectivos para la reforma de dichas leyes.
En otro orden de ideas, vale comentar que los Alcaldes deben concentrarse, primero, en las preocupaciones básicas de sus ciudadanos, para así conservar el respaldo político que necesita para lograr sus objetivos más amplios. Si la mayoría colectiva siente que un alcalde está gastando demasiado tiempo en otra cosa diferente a aquello que más les preocupa a ellos, ese burgomaestre perderá el respaldo político que necesita para lograr grandes cosas.
Una mejor ciudad es posible cuando se toman en cuentan algunos conceptos modernos para el impulso de las localidades. Un municipio próspero, es una ciudad emprendedora; y esto, no es una ilusión. Es factible que gobernantes locales pueden mejorar las prácticas de su gestión pública, y a su vez, propiciar los cambios para un mejor desarrollo del hábitat y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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